El Pleno ha certificado hoy que el Gobierno Provincial ha convertido la Diputación de Castellón en una institución ejemplar al ser capaz de cerrar oficialmente el ejercicio 2018 con deuda cero a la vez que ha aumentado nada menos que un 20% la inversión por cada castellonense
19 de febrero de 2019. El Pleno ha certificado hoy que el Gobierno Provincial ha convertido la Diputación de Castellón en una institución ejemplar al ser capaz de cerrar oficialmente el ejercicio 2018 con deuda cero a la vez que ha aumentado nada menos que un 20% la inversión por cada castellonense.
Así se ha demostrado en la liquidación del Presupuesto de 2018, con dos indicadores que definen el compromiso del Gobierno Provincial por hacer de la Diputación una institución útil a la provincia, aplicando la eficiencia en la gestión en todo su funcionamiento y favoreciendo que todos los recursos de sus presupuestos se destinen a la provincia.
El presidente provincial, Javier Moliner, ha explicado que “desde la Diputación ayudamos a los ciudadanos castellonenses a ser mejores, a tener mejores oportunidades, y lo hacemos también respondiendo de la forma más eficaz a los problemas de los ayuntamientos, siendo una administración solvente y responsable”.
El diputado provincial de Hacienda, Salvador Aguilella, ha asegurado que “la liquidación del presupuesto de 2018 de la Diputación está cargada de buenas noticias para la provincia. Eliminamos a cero la deuda, aumentamos la capacidad inversora a máximos históricos, la inversión por habitante, y en definitiva nos consolidamos como una institución útil para la provincia, aliada de los ayuntamientos de nuestra provincia para mejorar la calidad de vida en nuestro territorio”.
En definitiva, según Aguilella, “cumplimos con nuestro compromiso de ser más útiles, y todos los recursos de la Diputación se destinan a la provincia”.
Con este indicador, la Diputación constata su excelente estado de salud, ya que con otros parámetros como el remanente de tesorería de más de 57 millones de euros le ha permitido adelantar 45,7 millones de euros de tesorería a los ayuntamientos de la provincia con recursos propios para que puedan afrontar de forma solvente el primer trimestre del año.
Así, mientras que cuando Moliner asumió la presidencia de la Diputación ésta tenía una carga financiera de 13,5 millones de euros entre pago de intereses y amortización de los 140 millones de deuda que tenía entonces, ya con la liquidación del presupuesto de 2018 queda constatado que la obligación de la Diputación con los bancos es nula.
Con ello, Moliner cumple antes de tiempo con el compromiso que había asumido para finalizar la legislatura de dejar a cero la deuda con los bancos. Y es que este trabajo iniciado por Moliner nada más asumir la presidencia del Gobierno Provincial no ha parado en toda su trayectoria, toda vez que ha mantenido firme su compromiso de no solicitar ni un solo préstamo a los bancos pese a multiplicar la capacidad de inversión de la Diputación.
Hay que tener en cuenta que en el primer presupuesto aprobado bajo la presidencia de Javier Moliner, en 2012, se contemplaban para devolver deuda 13,5 millones de euros de los más de 116 millones presupuestados, una cifra que ya redujo en 2017 a 4.511.008,36 euros a pesar de crecer el presupuesto global hasta más de 131 millones de euros.
Que no se penalice a los ayuntamientos por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional
La Diputación de Castellón ha instado a la Generalitat, con los votos a favor del Grupo Popular y Ciudadanos y la oposición del Grupo Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, a que aumente la financiación y amplíe todas las ayudas de los programas de empleo o mixtos de empleo y formación con la finalidad de asumir el aumento del coste salarial de los trabajadores contratados derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero de 2019. Así, el Gobierno Provincial se pone de lado de los ayutamientos y entidades locales de la provincia que ya han aplicado esta subida de sueldo a los alumnos/trabajadores durante el mes de enero lo que supone un incremento importante del coste del programa de empleo y, en algunas ocasiones, serias dificultades económicas para los ayuntamientos de la provincia.
Así lo ha asegurado el diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, quien ha explicado que “tener que asumir este coste ha puesto en serias dificultades a los ayuntamientos y a entidades que están generando empleo entre personas vulnerables”.
Cabe señalar que el Pleno de hoy también ha aprobado, con unamimidad de apoyo de todos los grupos políticos, una moción presentada por el Grupo Popular para que el Gobierno de España proceda por vía de urgencia a la aprobación del destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles. Así, la Diputación insta a que junto a la aprobación del destino del superávit de las administraciones locales del 2018 se apruebe que el superávit sobrante de 2017 que no ha sido usado, pase al 2019 y que los remanentes líquidos de tesorería puedan ser usados por las correspondientes administraciones locales.
