El equipo de gobierno incorpora al expediente nuevos criterios técnicos que ayudarán a los municipios a disponer de más margen a la hora de ejecutar sus presupuestos
El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón ha decidido incluir en el Plan Económico Financiero (PEF) nuevas variables que supondrán un beneficio para los municipios de la provincia a la hora de ejecutar sus presupuestos, tal y como ha avanzado hoy Santiago Agustí, diputado delegado área de Hacienda.
La medida contempla computar el Fondo de Cooperación Municipal, que supone una ayuda a los ayuntamientos de 5,6 millones de euros, como gasto de la Diputación y no de los municipios, propuesta avalada por los informes técnicos y que será incluida en el Plan Económico Financiero que aprobará la institución provincial en el pleno extraordinario del jueves 12 de marzo.
Al respecto, Santiago Agustí insiste en que “con esta modificación vamos a conseguir beneficiar a los ayuntamientos de la provincia, porque así podrán subir su techo de gasto y tener más margen a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Cabe recordar, en cualquier caso, que la Diputación de Castellón debe entrar en un Plan Económico y Financiero para los ejercicios 2020 y 2021 por la “mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP, que ha ocasionado que el ejercicio 2019 se cierre sobrepasando en 8,1 millones de euros el objetivo marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en 15,3 millones de euros los criterios impuestos por la regla del gasto”, como recalca Agustí.
Este Plan exigirá el máximo rigor en la gestión durante estos dos años, de manera que, a pesar de tener 40 millones de remanentes en los bancos, en ningún caso el gasto podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución, porque de lo contrario, «la Diputación sería intervenida económicamente en 2022 por el Ministerio de Hacienda, que tendría la potestad de eliminar las partidas presupuestarias que considerase oportuno».
El diputado provincial de Hacienda, Santiago Agustí, ha explicado que el Plan Económico y Financiero es consecuencia de la decisión del anterior equipo de gobierno de poner en marcha en 2018 un segundo Plan 135 y de dedicar el gasto financiero a la amortización de préstamos. El segundo Plan 135 de 2018 «por una cuestión de plazos no se pudo ejecutar en 2018 y la consecuencia fue que se produjo un incremento muy importante del gasto en el ejercicio de 2019». Por otra parte, el gasto financiero que se destinó a la amortización de préstamos desapareció porque no computaba para la regla de gasto pero terminó incrementando el gasto en inversiones y gastos corrientes de 2018 y 2019.
En palabras de Agustí, «se ha llegado a esta situación por la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, que incumplió deliberadamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto que activaron los gobiernos Mariano Rajoy y Montoro, y que siguen en vigor». Este plan exigirá el máximo rigor en el gasto, que en ningún caso podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución porque de lo contrario, en 2022 podría ser intervenida económicamente por el Ministerio de Hacienda.
