El presidente de la Diputación muestra su disposición a respaldar las actuaciones que la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos emprendan para paralizar un proyecto que motivó hace un año la aprobación de una declaración institucional de la que se dio traslado a los gobiernos central y autonómico
El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, reitera la oposición de la institución al proyecto ‘Magda’ para el establecimiento de una planta solar fotovoltaica en la provincia de Castellón, al entender que tendría un fuerte impacto en el conjunto del territorio y de manera más directa en los municipios les Coves de Vinaromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, en cuyos términos se ubicarían la instalación y sus líneas de evacuación.
Es la reacción del dirigente provincial tras la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto «que causa preocupación y rechazo social en nuestros pueblos».
Martí señala que «seremos coherentes con la declaración institucional que aprobamos el 15 de febrero de 2022 en el pleno de la Diputación, de la que dimos traslado a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España, en cuyo texto se hacía explícito el rechazo de PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos a esta iniciativa».
Añade que «como no podría ser de otra manera, daremos todo nuestro apoyo a nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes, que piensan como nosotros, que garantizar el suministro energético no debe provocar una fuerte afección sobre el territorio, ni ser incompatible con el ejercicio de la actividad agrícola». En consecuencia, explica que «respaldaremos todas las acciones de defensa de nuestros pueblos que emprendan los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana».
José Martí considera que «con noticias como ésta cobra todo el sentido del mundo la alegación que llevamos el pasado lunes a la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP celebrada en Ourense para instar al Gobierno a incluir en el futuro Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que todas las leyes que se promulguen y las disposiciones, reglamentos y normativas que se dicten vayan acompañadas de un estudio de territorialidad que tenga en cuenta el impacto que originarán en el territorio económica, laboral y socialmente hablando».
