La capacidad de gestión del equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón, presidido por Javier Moliner, ha permitido que la institución provincial haya aprobado en el pleno celebrado hoy 6,6 millones de euros para acometer nuevas inversiones y una mayor reducción de la deuda, gracias a los ahorros generados. Así, la reducción de la deuda alcanza en 2013 su récord histórico, con 20 millones de euros, con lo que se cerrará este año con 98 millones de deuda, frente a los 140 millones de apenas dos años y medio antes.
La operación de amortización de préstamos, por valor de algo más de 5,1 millones de euros, permitirá que la Diputación pueda tener mayor capacidad inversora tanto en 2014, como en 2015 y 2016. Además, le permitirá finalizar 2015, coincidiendo con la legislatura, con 71 millones de euros de deuda. La previsión oficial es mantener este esfuerzo de control, hasta dejar la deuda, al finalizar el ejercicio de 2016, en 59,4 millones, lo que es prácticamente una tercera parte de lo que era en 2011 (140 millones de euros).
Esto demuestra que el trabajo tanto financiero como en la eficacia en la gestión y el ahorro en la contratación de obras y servicios está dando sus frutos. Así, además de disponer este mismo año de un millón y medio de euros más para carreteras y obras de abastecimiento de agua, principalmente, la Diputación también podrá añadir otros 2,1 millones de euros adicionales al capítulo de inversiones en 2014, así como otros tantos en 2015 y 1,1 millones más en 2016.
Así, buena parte de esa modificación de crédito se destinará, en 1,2 millones de euros a atender las necesidades más urgentes que han planteado los ayuntamientos en materia de carreteras dentro del Plan de Acción 2015. Entre ellas, se encuentran 425.000 euros para mejorar el firme de la CV-105 entre La Senia y Torremiró, a su paso por Castell de Cabres, y otros 175.000 euros para, principalmente, mejorar la seguridad vial de la CV-120 entre Forcall y el límite provincial, por la Mata de Morella, así como en la CV-122 de Todolella a Olocau.
El vicepresidente responsable del Área Económica de la Diputación, Miguel Barrachina, ha explicado que “estamos haciendo de la Diputación la administración que queríamos; más reducida, menos endeudada y con mayores prestaciones. Acabaremos la legislatura invirtiendo mucho más, debiendo la mitad y atendiendo a más municipios con más eficaces servicios para sus vecinos”.
En este sentido, el vicepresidente y portavoz de la Diputación, ha insistido en que “en la Diputación trabajamos por dar solución de forma eficaz a las cuestiones que nos plantean desde los ayuntamientos de la provincia. Y, además, hacerlo de forma responsable, amortizando deuda, para que haya cuantos más recursos mejor a disposición de los ciudadanos”.
Fracking
El punto más controvertido de la sesión plenaria ha transcurrido en el despacho extraordinario ante la moción presentada por el Grupo Socialista contra el fracking en la provincia por la que el grupo popular y Compromís han acusado al PSOE de querer romper el consenso ante el ‘fracking’ con una moción que han intentado cambiar a última hora, aunque tras muchas dudas han mantenido. Hay que recordar que la Diputación apoyo el informe de los expertos, que desaconsejaban las prospecciones en el norte de la provincia y con el que la institución ha liderado una nueva línea en esta polémica, priorizando la postura científica sobre la política.
Se trata de una moción que, tal y como ha destacado el portavoz popular, Miguel Barrachina “es reiterativa por ser la misma que han presentado hasta en otras tres ocasiones y que se refiere a un tema que alcanzó el consenso de los tres grupos políticos en el pasado pleno del mes de julio y que han asumido otras instituciones como las Cortes valencianas. Una moción que no entendemos porque viene a romper la postura unánime que logró la institución provincial en contra de la práctica del fracking en la provincia de acuerdo a las conclusiones del informe presentado por la comisión de expertos sobre la investigación de hidrocarburos en el norte de la provincia, y tras sumarse en última instancia el PSOE”.
Un contenido, el del acuerdo, que es el que ha conformado la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular, aprobada con los votos de PP y la abstención de Compromís.
Proyecto Castor
La corporación provincial ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno de España el cierre definitivo del almacén submarino de gas del Proyecto Castor y su posterior desmantelamiento. En el texto aprobado en el pleno se incluye la petición a la Generalitat para que ampare y defienda los municipios afectados y a la empresa promotora del proyecto que dé la máxima información y transparencia sobre todo lo que ocurre en dicho almacén. Asimismo, se incluye la petición a las administraciones competentes de que se adopten las medidas necesarias para proteger a la población preventivamente y en caso de necesidad.
A petición del PP, a través de este texto, la Diputación instará a Fiscalía a investigar, a los efectos de averiguar si se ha producido algún ilícito penal en la redacción, tramitación y adjudicación del concurso de la Plataforma Castor, así como en la inclusión de la abusiva cláusula de 1.700 millones de euros de compensación a la empresa adjudicataria. Tal y como ha defendido el vicepresidente provincial y diputado de la zona, Andrés Martínez, “se trata de depurar responsabilidades y conocer si cada paso administrativo se dio del modo correcto”.
Encomienda de gestión de residuos
La aprobación de los costes del servicio de gestión de residuos de los ayuntamientos de la provincia con encomienda de gestión a la Diputación para el ejercicio de 2014 ha salido adelante con los votos favorables de los populares y Compromís. El Grupo Socialista ha votado en contra.
Dentro de esta estimación de los costes de la gestión de residuos, en el caso de los municipios incluidos en la Zona I-Áreas 1 y 2 (Els Ports-Maestrat), la Diputación asumirá la diferencia de seis puntos porcentuales existente entre el cálculo realizado inicialmente y el coste real debido a un error técnico producido al haberse computado viviendas de más. De ese modo, y por decisión del presidente Moliner, la Diputación asumirá esa diferencia, siendo el coste total de esa zona de 481.144 euros, un 2,68% más que en 2013.
En el caso de los municipios de la zona III-Área 7 (Alto Palancia), el coste total estimado en 390.984 euros, lo que supone una disminución del 7% respecto a 2013 debido a que se han eliminado los costes derivados del tratamiento de voluminosos que asumirá el Consorcio.
En el caso de la zona IV-Área 8 (Alto Mijares) supondrán un coste de 409.147 euros, con un incremento comunicado por el gerente de Reciplasa estimado en el 4,08%.
GRÁFICO EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
La capacitat de gestió de l’equip de Govern de la Diputació de Castelló, presidit per Javier Moliner, ha permès que la institució provincial haja aprovat en el Ple celebrat avui 6,6 milions d’euros per a emprendre noves inversions i una major reducció del deute, gràcies als estalvis generats. Així, la reducció del deute aconsegueix en 2013 el seu rècord històric, amb 20 milions d’euros, amb la qual cosa es tancarà enguany amb 98 milions de deute, enfront dels 140 milions d’a penes dos anys i mig abans.
L’operació d’amortització de préstecs, per valor d’un poc més de 5,1 milions d’euros, permetrà que la Diputació puga tindre major capacitat inversora tant en 2014, com en 2015 i 2016. A més, li permetrà finalitzar 2015, coincidint amb la legislatura, amb 71 milions d’euros de deute. La previsió oficial és mantindre aquest esforç de control, fins a deixar el deute, en finalitzar l’exercici de 2016, en 59,4 milions, la qual cosa és pràcticament una tercera part del que era en 2011 (140 milions d’euros).
Açò demostra que el treball tant financer com en l’eficàcia en la gestió i l’estalvi en la contractació d’obres i serveis està donant els seus fruits. Així, a més de disposar aquest mateix any d’un milió i mig d’euros més per a carreteres i obres d’abastiment d’aigua, principalment, la Diputació també podrà afegir altres 2,1 milions d’euros addicionals al capítol d’inversions en 2014, així com altres tants en 2015 i 1,1 milions més en 2016.
Així, bona part d’aqueixa modificació de crèdit es destinarà, en 1,2 milions d’euros a atendre les necessitats més urgents que han plantejat els ajuntaments en matèria de carreteres dins del Pla d’acció 2015. Entre elles, es troben 425.000 euros per a millorar el ferm de la CV-105 entre la Sénia i Torremiró, al seu pas per Castell de Cabres, i altres 175.000 euros per a, principalment, millorar la seguretat viària de la CV-120 entre el Forcall i el límit provincial, per la Mata de Morella, així com en la CV-122 de la Todolella a Olocau.
El vicepresident responsable de l’Àrea Econòmica de la Diputació, Miguel Barrachina, ha explicat que “estem fent de la Diputació l’administració que volíem; més reduïda, menys endeutada i amb majors prestacions. Acabarem la legislatura invertint molt més, devent la meitat i atenent a més municipis amb més eficaços serveis per al seu veïnat”.
En aquest sentit, el vicepresident i portaveu de la Diputació, ha insistit en el fet que “en la Diputació treballem per donar solució de forma eficaç a les qüestions que ens plantegen des dels ajuntaments de la província. I, a més, fer-ho de forma responsable, amortitzant deute, perquè hi haja quants més recursos millor a disposició de la ciutadania”.
Fràcking
El punt més controvertit de la sessió plenària ha transcorregut en el despatx extraordinari davant de la moció presentada pel Grup Socialista contra el fràcking a la província per la que el Grup Popular i Compromís han acusat el PSOE de voler trencar el consens davant del ‘fràcking’ amb una moció que han intentat canviar a última hora, encara que després de molts dubtes han mantingut. Cal recordar que la Diputació recolza l’informe dels experts, que desaconsellaven les prospeccions en el nord de la província i amb el que la institució ha liderat una nova línia en aquesta polèmica, prioritzant la postura científica sobre la política.
Es tracta d’una moció que, tal com ha destacat el portaveu popular, Miguel Barrachina “és reiterativa per ser la mateixa que han presentat fins en altres tres ocasions i que es refereix a un tema que va aconseguir el consens dels tres grups polítics en el passat Ple del mes de juliol i que han assumit altres institucions com les Corts Valencianes. Una moció que no entenem perquè ve a trencar la postura unànime que va aconseguir la institució provincial en contra de la pràctica del fràcking a la província d’acord amb les conclusions de l’informe presentat per la Comissió d’Experts sobre la investigació d’hidrocarburs al nord de la província, i després de sumar-se en última instància el PSOE”.
Un contingut, el de l’acord, que és el que ha conformat l’esmena de substitució que ha presentat el Grup Popular, aprovada amb els vots de PP i l’abstenció de Compromís.
Projecte Castor
La corporació provincial ha aprovat per unanimitat demanar al Govern d’Espanya el tancament definitiu del magatzem submarí de gas del Projecte Castor i el seu posterior desmantellament. En el text aprovat en el Ple s’inclou la petició a la Generalitat perquè empare i defenga els municipis afectats i a l’empresa promotora del projecte que done la màxima informació i transparència sobretot el que ocorre en el dit magatzem. Així mateix, s’inclou la petició a les administracions competents perquè s’adopten les mesures necessàries per a protegir a la població preventivament i en cas de necessitat.
A petició del PP, a través d’aquest text, la Diputació instarà a Fiscalia a investigar, als efectes d’esbrinar si s’ha produït algun il·lícit penal en la redacció, tramitació i adjudicació del concurs de la Plataforma Castor, així com en la inclusió de l’abusiva clàusula de 1.700 milions d’euros de compensació a l’empresa adjudicatària. Tal com ha defès el vicepresident provincial i diputat de la zona, Andrés Martínez, “es tracta de depurar responsabilitats i conèixer si cada pas administratiu es va donar de la manera correcta”.
Encàrrec de gestió de residus
L’aprovació dels costos del servei de gestió de residus dels ajuntaments de la província amb encàrrec de gestió a la Diputació per a l’exercici de 2014 ha eixit avant amb els vots favorables dels populars i Compromís. El Grup Socialista ha votat en contra.
Dins d’aquesta estimació dels costos de la gestió de residus, en el cas dels municipis inclosos en la Zona I-Àrees 1 i 2 (els Ports-Maestrat), la Diputació assumirà la diferència de sis punts percentuals existent entre el càlcul realitzat inicialment i el cost real a causa d’un error tècnic produït en haver-se computat vivendes de més. D’aquesta manera, i per decisió del president Moliner, la Diputació assumirà aqueixa diferència, sent el cost total d’aqueixa zona de 481.144 euros, un 2,68% més que en 2013.
En el cas dels municipis de la zona III-Àrea 7 (Alt Palància), el cost total estimat en 390.984 euros, la qual cosa suposa una disminució del 7% respecte a 2013 pel fet que s’han eliminat els costos derivats del tractament de voluminosos que assumirà el Consorci.
En el cas de la zona IV-Àrea 8 (Alt Millars) suposaran un cost de 409.147 euros, amb un increment comunicat pel gerent de Reciplasa estimat en el 4,08%.
